Desde la puesta en marcha del permiso por puntos en el año 2006, el organismo que dirige Pere Navarro se ha negado sistemáticamente a devolver los puntos indebidamente detraídos por multas mal tramitadas y anuladas por los servicios económicos de Hacienda, al no reconocer a estos órganos de la Administración facultades revisoras de su competencia sancionadora, provocando con ello daños irreparables a miles de conductores españoles.

Sin embargo, la sentencia declara que “Sería contrario al principio constitucional de seguridad jurídica el que para dos órganos del Estado (en este caso por un lado la Jefatura de Tráfico y el Tribunal económico administrativo regional) unos hechos existieran y a la vez no existieran.”

Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “la pérdida de puntos va unida a la multa como la sombra al cuerpo, ya que no puede ser que Hacienda anule la parte económica de la sanción porque no se ha notificado correctamente la multa y, sin embargo, Tráfico mantenga la detracción de puntos”.

El caso ahora resuelto favorablemente para el camionero afectado (que fue asistido desde el primer momento por los letrados de AEA) se inició por la reclamación interpuesta, inicialmente ante Hacienda y en una segunda instancia ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León (TEAR), contra unas sanciones impuestas por Tráfico de las que el automovilista afectado nunca había tenido ningún conocimiento previo.

Dichas multas, además de la sanción económica llevaban aparejada la pérdida de puntos, pero Tráfico se negó en todo momento a devolverlos e incluso inició un procedimiento de pérdida de vigencia del permiso de conducir, a pesar de que se había anulado la parte económica de las multas al quedar acreditado que las notificaciones postales que se practicaron fueron dirigidas a un domicilio que no era el indicado por el interesado y, por tanto, la notificación de las multas que hizo la DGT a través de los boletines oficiales no eran válidas. Por ese motivo, no hubo más opción que llevar a Tráfico ante los tribunales.

AEA recuerda que el pasado mes de diciembre la DGT tuvo que anular más de 1.500.000 expedientes sancionadores por valor de 106 millones de euros, muchos de los cuales podrían quedar afectados por la reciente resolución judicial que obliga a devolver los puntos detraídos de expedientes mal tramitados o prescritos.

 

Fuente: AEA


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