Son conclusiones de un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores, Automovilstas Europeos Asociados (AEA), que ha analizado la litigiosidad de los conductores españoles frente a las multas de tráfico.
En los últimos veinte años la DGT ha formulado 70 millones de denuncias en las carreteras de su competencia, con una recaudación en torno a los 6.500 millones de euros. Durante este periodo las sanciones se incrementarón un 122% y de las 2.105.024 denuncias formuladas en 2001 se ha llegado a la cifra de 4.684.286 en 2019, a pesar de que el parque creció en menor proporción (42%).
Sin embargo, los recursos planteados por los ciudadanos contra dichas multas, ha sufrido un proceso inverso, especialmente a raiz de la reforma operada en la Ley de Seguridad Vial en el año 2009, en la que se redujeron las posibilidades de defensa de los ciudadanos y se aumentó el descuento por pronto pago del 30 al 50% del importe de las multas, a aquellos conductores que no planteaban recurso alguno.
No obstante, el estudio de AEA advierte que en el ámbito judicial son cada vez más frecuentes los casos en los que los tribunales están dando la razón a los conductores frente a las multas impuestas por la DGT, especialmente las que se refieren a excesos de velocidad “porque no se está aplicando correctamente el margen de error de los radares”.
Así, el informe recoge que en los últimos tres años el número de sentencias judiciales favorables a los conductores sancionados se ha incrementado en catorce puntos procentuales, llegándose a anular en la actualidad cerca del 50% de las multas impuestas por la DGT.