Según recoge Reuters, la Comisión Europea lanzará durante las próximas semanas una consulta de la industria sobre los datos del vehículo conectado. Este primer paso podría conducir a una legislación a finales de este año, la primera de este tipo a nivel mundial. Pero antes tendrá que lograr un consenso entre los diferentes actores.
Los fabricantes de automóviles, protegiendo su papel de guardián en el acceso a los datos de sus vehículos, muestran su resistencia a las regulaciones específicas sobre los datos del vehículo. Alegan que proteger a los consumidores es primordial. “El acceso no controlado a los datos del vehículo plantea importantes amenazas a la seguridad, (cibernética), protección de datos y privacidad”, explican desde ACEA.
Sin embargo, el resto de actores indican que limitar o cobrar por el acceso a los datos del vehículo podría acabar con la competencia. Las aseguradoras y los talleres de reparación de automóviles dicen que es fundamental que la UE permita a los conductores elegir quién accede a los datos de sus vehículos.
Sobre esta materia, en Faconauto defienden que la cesión de los datos que genera este tipo de vehículos sea muy restrictiva. Estos datos se han de salvaguardar, y por encima de todo, está la protección y la privacidad de los conductores. Asimismo, esa cesión debería producirse solo en los casos expresamente solicitados por el cliente.
Lo cierto es que las marcas han desarrollado grandes planes sobre el vehículo conectado. Por ejemplo, Stellantis espera generar 20.000 millones de euros anualmente para 2030 a partir de productos de software y servicios de suscripción. Tales ofertas también son fundamentales para el plan de General Motors que prevé duplicar los ingresos anuales.
Por su parte, Volkswagen ha señalado que los datos se están convirtiendo en la “fuente clave de creación de valor e innovación”, e indica que los clientes tienen “control total” sobre ellos, citando la seguridad del vehículo y la soberanía del cliente como sus principales enfoques.
Habrá que esperar unos meses más para ver qué decisión toma la UE sobre esta materia. Para muchos actores “para cuando obtengamos la legislación, es posible que ya estemos atrapados en un desequilibrio que ya no podamos arreglar”.
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