Estos han sido fijados por la UE, a la vez que se mantiene la competitividad del sector del transporte, clave en la economía del país aportando un 4,8% al PIB de España. La patronal aboga por una implicación mayor de las Administraciones y mayor apoyo económico para lograr la transformación ordenada del sector e impulso del mercado hacia la descarbonización al ritmo que han fijado los gobiernos. En cuanto a las áreas de actuación prioritarias, Anfac plantea las siguientes medidas:
– Mercado. Poner en marcha un plan específico de renovación de flotas municipales para el horizonte 2024-2026.
– Fiscalidad. Es necesario utilizar la fiscalidad como herramienta para hacer más atractiva a los transportistas la inversión en vehículos de nuevas tecnologías.
– Infraestructuras de recarga eléctrica de alta potencia y repostaje.
– Conectividad y automatización. Debe favorecerse un entorno que permita la introducción de tecnologías para una mayor conectividad y automatización del vehículo pesado para conseguir que España se convierta en una referencia en su desarrollo.
– Regulación europea y española. La regulación no debe ser más que una ayuda activa para avanzar en los objetivos. En lo que concierne a la normativa europea, la acción prioritaria pasa por alcanzar, con el esperado apoyo de la presidencia española, un compromiso satisfactorio sobre el reglamento que debe fijar los límites de emisiones de CO2 de los vehículos pesados, ahora en discusión.
– Política industrial. Las fábricas de vehículos comerciales e industriales de España están afectadas directamente por la transformación de la movilidad y la necesidad de competir a nivel internacional por la asignación de modelos de las nuevas tecnologías. Las desgravaciones fiscales son un instrumento muy valorado por las empresas, y actualmente en España los incentivos fiscales a la I+D+i son inferiores a otros países de la UE.
– Modelo de movilidad. El modelo de movilidad debe ser adecuado a las necesidades del sector, enfocándolo desde un punto de vista equilibrado y homogéneo en el territorio. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son una herramienta clave en la lucha contra los gases contaminantes en los ámbitos urbanos, pero es necesario contar con unas bases y criterios comunes para facilitar su implementación por parte de los municipios, además de asegurar que pueden acceder a ellas los vehículos de transporte urbano de mercancías.
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