La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una investigación a través de denuncias en las correspondientes unidades de la Guardia Civil con el objetivo de localizar a los autores de la vandalización de siete radares ubicados en diferentes carreteras convencionales (2 en la Comunidad de Madrid, 2 en Castilla-La Mancha, 2 en Castilla y León y 1 en la Comunidad Valenciana) y emprender así acciones legales contra ellos.
La vandalización de radares es constitutiva de un delito de daños tipificado en el Código Penal en sus artículos 263 a 267 en los que se contemplan una serie de acciones que provocan un menoscabo en el valor patrimonial de la propiedad ajena y cuyo bien jurídico protegido es el patrimonio.
Los autores de los hechos deberán también responder por el coste económico de cada punto de control que, en el caso de los radares fijos asciende a unos 67.000€ y en el de los de tramo a unos 66.000€.