Para reducir las emisiones contaminantes de los vehículos con motor de combustión y mejorar la calidad del aire de las grandes urbes, 149 municipios de más de 50.000 habitantes deberán activar este año una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Dentro de esas zonas, los municipios pueden establecer restricciones a la circulación de los vehículos que consideren más contaminantes. Habitualmente, estas zonas se extienden por los barrios más céntricos, aunque no siempre es así. Cada municipio puede identificar áreas con mucha intensidad de tráfico (por ejemplo, el entorno de una estación) y designarlas como ZBE.

Esta decisión impulsada por la Unión Europea afecta directamente a más de 25 millones de personas en nuestro país, pero sigue generando todo tipo de dudas entre los residentes y las propias autoridades municipales. De hecho, en España, la implementación de estas zonas está siendo muy lenta y las directrices para su creación no se habían publicado hasta finales de 2022.

Es importante que las zonas de bajas emisiones aporten calidad de vida a los ciudadanos y no supongan un entorpecimiento de sus actividades cotidianas. Para facilitar su implantación y asegurar su eficacia, desde la OCU proponen:

– Señalización amplia, clara y bien visible de la entrada a la ZBE, tanto sobre la calzada, como en los laterales, incluyendo dispositivos luminosos. La gran mayoría de las sanciones en las zonas ya activadas son como consecuencia del desconocimiento del conductor o una mala señalización.

– Construcción de parkings disuasorios en los límites de las ZBE, gratuitos y bien conectados con el centro mediante transporte público. Es vital facilitar a los residentes del extrarradio y de poblaciones limítrofes con coches sin distintivo el acceso rápido y sencillo a la ciudad.

– Una apuesta clara y decidida por la movilidad sostenible dando un buen impulso el transporte público, una amplia red de carriles bici protegidos y conectados entre sí, la peatonalización de las zonas históricas y comerciales, además de la intermodalidad entre los diferentes medios de transporte. Actualmente, hay muchas ciudades donde la red de vías ciclistas es poco operativa y el uso de la bici, en consecuencia, resulta muy minoritario.

– Derecho a entrar en la ZBE con un coche sin distintivo de la DGT tres veces al año. El impacto medioambiental es muy limitado y, a cambio, se facilita la entrada a los residentes en caso de urgencia (por ejemplo, para acudir al hospital), además de a los turistas que esporádicamente visiten la ciudad.

– Cambio del actual sistema de etiquetas ambientales de la DGT para que priorice las emisiones reales frente a la tecnología del motor. La mayoría de los nuevos vehículos diésel o gasolina contaminan menos que los híbridos enchufables de gran cilindrada y que muchos mild hybrid.

– Ampliar las ayudas del Plan Moves para la compra de coches de segunda mano con etiqueta Eco o 0 emisiones dirigidas a familias con rentas bajas a las que no les alcanza para adquirir un vehículo nuevo y lo necesitan para entrar en la urbe por motivos laborales o familiares.

– Información centralizada sobre las principales características de las 149 zonas de bajas emisiones (ZBE) repartidas por España: regulación, extensión, accesos, situación de los aparcamientos disuasorios y comunicación con el transporte público, etc.

El actual sistema de etiquetas desarrollado por la DGT fue un buen paso inicial para concienciar a los conductores, pero es un sistema injusto, según la OCU, pues está basado en las tecnologías del motor y no en las emisiones reales de los vehículos. De hecho, la mayoría de los nuevos modelos con motor de combustión (etiqueta C) contaminan menos que los híbridos enchufables de gran cilindrada (etiqueta Cero Emisiones) una vez agotan su batería después de unos 40 km, que además, pueden circular sin haberse cargado. Mientras que uno de cada cuatro vehículos de tipo mild hybrid (etiqueta Eco) contaminan en exceso.


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