Las aseguradoras fijan los precios hora sin respetar el establecido por el taller y el importe a abonar por el siniestro, sin que a los talleres se les reconozcan todas las horas de trabajo que invierten en las reparaciones, lo que afecta, en definitiva, a las cantidades que pagan al taller por las mismas, siendo inferiores por tanto al coste real de la reparación, a pesar de que los talleres están obligados a garantizar las reparaciones o instalaciones que llevan a cabo. Además, el taller se ve apremiado a aplicar descuentos comerciales sobre el total de la factura de reparación o sobre los materiales. En conclusión, las aseguradoras impiden la libre competencia entre talleres en detrimento de los consumidores.
Por otra parte, los baremos confeccionados por empresas vinculadas o participadas por las aseguradoras son empleados para que los peritos tasen el tiempo y coste de los materiales de las reparaciones que deben asumir, actúan en detrimento del taller, ya que el baremo no tiene por qué ajustarse al tratamiento de la reparación de cada taller ni a su estructura empresarial. Asimismo, los baremos difieren entre sí para el mismo tipo de reparaciones. Según el artículo 8 de Directiva 2005/29/CE se trata de una práctica desleal y agresiva.
Asimismo, la dependencia económica de los peritos no permite garantizar que actúen con estricta objetividad a la hora de evaluar los daños y fijar el precio/hora de la reparación.
Esta cuestión reviste especial relevancia ya que los peritos evalúan y determinan las horas de trabajo, su importe y, en su caso, el tipo de recambio, todo ello siguiendo el mandato y en beneficio de la aseguradora. Existe, pues, una dependencia vertical y, por ello, abuso de derecho, en perjuicio del consumidor y del taller.
Algunas aseguradoras imponen a los talleres los proveedores de recambios o el tipo de recambio a instalar. A juicio de las asociaciones esta práctica vulnera la Directiva 2006/123/CE que establece las disposiciones generales necesarias para facilitar el ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios y la libre circulación de los servicios.
Igualmente hay compañías que comercializan pólizas que impiden a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo, viéndose obligados a repararlo en un número limitado de empresas sin que otros talleres puedan adherirse a este tipo de acuerdos. restringiendo la libre competencia y la libertad de elección del consumidor.
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