La velocidad sale cada vez más cara en España. Durante el año pasado, los radares de la Dirección General de Tráfico (DGT) recaudaron la cifra récord de 246.802.934 euros lo que representa un contundente incremento del 14% respecto al periodo anterior, según un estudio elaborado por la organización de defensa de los conductores AEA (Automovilistas Europeos Asociados).
Según AEA, este importante incremento no se ha debido a la indisciplina generalizada de los conductores, sino a la activación de nuevos dispositivos estratégicos por parte de la DGT. A juicio de AEA “la maquinaria sancionadora es tan precisa que el dinero obtenido por velocidad ya supone el 41,5% del total de los ingresos generados por multas de tráfico en el país (sin contar con las impuestas en el Pais Vasco y Cataluña)”.
La gran sorpresa del informe radica, según AEA, en la extrema eficiencia de un pequeño grupo de cinemómetros. De los más de 1.000 radares desplegados por toda la geografía española, solo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias. Este selecto grupo de dispositivos es responsable de casi la mitad del impacto económico de la campaña.
Por comunidades autónomas, la presión sancionadora se concentra de forma muy desigual. Los líderes en recaudación están en las provincias de Valencia (18,9 millones €), Madrid (17,9 millones €) y Cádiz (16,5 millones €). Mientras que las zonas de tregua se localizan en Ourense (1,3 millones de euros), Cáceres (1,6 millones) y Salamanca (1,8 millones).
El punto más crítico para los conductores se encuentra en la provincia de Valencia. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, a la altura de La Canyada, se ha coronado como el más activo del país tras formular un récord de 90.766 denuncias. Le sigue de cerca en la Comunitat Valenciana el dispositivo del km 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.
El informe de AEA también enciende las alarmas sobre el ritmo de otros radares «cazadores» que no dejan de sumar miles de denuncias, como el del kilómetro 127 de la A-15 en Navarra y el del kilómetro 968 de la A-7 en Málaga, consolidando un modelo que genera tantas dudas entre los conductores como ingresos en las arcas públicas.
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