La patronal de los concesionarios, Faconauto, ha advertido del grave retraso que arrastra España en la descarbonización del transporte pesado por carretera y ha reclamado la puesta en marcha de un plan nacional urgente que permita avanzar al ritmo que exige la Unión Europea. La organización recuerda que el transporte profesional por carretera mueve el 89% de las mercancías en España y que las decisiones que se tomen en los próximos años marcarán la competitividad, la sostenibilidad y la cohesión territorial del país.
Faconauto situó el debate en un contexto europeo cada vez más exigente. La Unión Europea ha fijado dos objetivos clave: alcanzar la neutralidad climática en 2050 y reducir en un 45% las emisiones de CO₂ de los nuevos camiones y autobuses en 2030, respecto a los niveles de 2019.
La última advertencia proviene de un reciente informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que evalúa el grado de desarrollo de los países europeos en siete indicadores (vehículos disponibles, infraestructuras, incentivos, costes operativos, red eléctrica, regulación y fondos públicos), España ocupa uno de los últimos puestos en nivel de avance en la descarbonización del transporte pesado.
Según los datos analizados por Faconauto, España sigue muy por debajo de la media europea en todos los indicadores de descarbonización del transporte pesado. Mientras la cuota de camiones de cero emisiones en la Unión Europea alcanza el 3,6%, en España no llega al 1%, una distancia que contrasta con países como Suecia o Países Bajos, donde ya supera el 6%.
La infraestructura constituye, según la patronal, el principal cuello de botella. De los más de 1.000 cargadores públicos aptos para camiones pesados existentes en Europa, solo 24 están en España, y de ellos apenas cuatro operan actualmente. En el caso del hidrógeno, la situación es aún más preocupante, ya que no existe ninguna estación específica para vehículos pesados, mientras otros países europeos avanzan en su implantación.
A esta carencia se suma la falta de programas de apoyo para la instalación de puntos de recarga en bases logísticas privadas, donde se realizará el 80% de la carga de los camiones eléctricos. En contraste, países como Francia, Austria o Países Bajos ya han desplegado subvenciones específicas para este propósito.
Faconauto también subraya la ausencia de incentivos suficientes para la renovación de flotas hacia tecnologías de bajas y cero emisiones. Actualmente, nueve países europeos ofrecen ayudas directas o deducciones fiscales para la adquisición de camiones eléctricos o de hidrógeno. España no está entre ellos y tampoco aplica reducciones de peajes, “una de las medidas más eficaces para impulsar la competitividad del transporte sostenible”, como recuerda ACEA.
Además, la patronal insiste en que la transición debe ser pragmática. En este sentido, destaca que los combustibles sintéticos y otras alternativas de baja huella de carbono pueden jugar un papel complementario, especialmente en determinados segmentos del transporte pesado donde la electrificación aún no es viable a gran escala.
Ante este escenario, Faconauto plantea una hoja de ruta con medidas concretas para recuperar terreno. Entre ellas está la creación de un Plan Nacional de Infraestructura de Alta Potencia, que contemple la instalación de 4.000 puntos de recarga de más de 350 kilovatios antes de 2030, junto con un Plan Nacional de Renovación de Flotas dotado de incentivos al achatarramiento para la adquisición de vehículos nuevos o seminuevos (hasta 12 meses) con categoría mínima Euro 6. Este último plan prevé la reedición del programa específico para vehículos de cero emisiones, con importes ya testados, y se apoyaría en mecanismos de financiación verde a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial).
Asimismo, Faconauto reclama la implantación inmediata de peajes CO₂ con exención total para camiones y autobuses de cero emisiones, una medida autorizada por el Parlamento Europeo hasta 2031, y la creación de un programa “Bases Logísticas Zero Emisiones”, que cubra hasta el 60% de la inversión en puntos de recarga en centros logísticos.
La organización propone también una reforma fiscal verde, con deducciones del 15% en el Impuesto de Sociedades por adquisición de vehículos sostenibles y bonificación total del Impuesto de Circulación para los de cero emisiones.