AEA ha planteado este recurso en defensa de los legítimos derechos de millones de automovilistas afectados, por cuanto la normativa aprobada por la autoridad delegada del Gobierno, al acortar los plazos de inspección, no obedece a ninguna razón de seguridad vial y va a obligar a millones de automovilistas, especialmente transportistas, a tener que realizar anticipadamente una nueva inspección y pagar dos veces por un servicio innecesario.
Según el calculo efectuado por AEA, la medida afecta a unos cinco millones de automovilistas y un valor económico de unos 200 millones de euros, siendo los más afectados los vehículos de profesionales.
Para el presidente de AEA, Mario Arnaldo, “el cambio realizado por el Gobierno no obedece a ninguna razón de seguridad vial y sólo obedece a razones económicas de empresas privadas ya no tiene sentido que se vuelva a inspeccionar un vehículo que acaba de ser inspeccionado con resultado favorable.”
“Así, por ejemplo, (explica Arnaldo) un vehículo de 10 años que con motivo del Covid-19 no hubiera podido pasar la ITV el día 21 de mayo, tendría la posibilidad de pasarla hasta el 17 de diciembre. Si se aplicaran los plazos habituales, la siguiente inspección se computaría desde ese día 17 diciembre y tendría que pasarla a los 6 meses, si fuera una furgoneta o un camión, o al año si fuera un turismo. Sin embargo, con la nueva norma a esa furgoneta o camión va a tener que pasar (y pagar) dos veces la misma inspección ese mismo día 17 de diciembre. Y en el caso de los turismos la siguiente inspección no la tendría que pasar al año, como establece la normativa europea, sino a los 6 meses.”
Deja una respuesta