El pasado año el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló las ordenanzas que regulaban las denominadas Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de diversos municipios catalanes, como el de Barcelona, L´Hospitalet de Llobregat, Cornellá y Esplugues.
También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se pronunció en el mismo sentido respecto de la Ordenanza de Movilidad de Madrid, si bien el consistorio madrileño recurrió tal decisión ante el Tribunal Supremo para poder seguir cobrando unas multas de dudosa legalidad, como hizo en su día el ayuntamiento de Barcelona y el de Esplugues, “que ya han visto rechazadas sus pretensiones por el Alto Tribunal y tienen que anular y devolver cientos de miles de multas impuestas ilegalmente”, según informa la organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
Ayuntamientos morosos
“El problema que está surgiendo (denuncia el presidente de AEA, Mario Arnaldo) es que ahora muchos ayuntamientos españoles, bajo la bandera de la protección del medioambiente y de la seguridad vial han generado un multimillonario negocio de multas de dudosa legalidad, que no quieren devolver, e incluso las siguen cobrando ejecutivamente mediante el embargo de cuentas bancarias, a pesar de que el Tribunal Supremo ya ha confirmado su ilegalidad”.
Superávit de recaudación de más del doble de lo presupuestado
Tal es el caso del ayuntamiento de L´Hospitalet de Llobregat, y otros del área metropolitana de Barcelona, que desde que implantaron las zonas de bajas emisiones en sus municipios, han tenido un importante superávit en la recaudación de multas de circulación, llegando a cobrar incluso el doble de lo que habían presupuestado.
“Pero lo más grave del asunto (añade Arnaldo) no es que los ayuntamientos estén generando ingresos para las arcas municipales en base a unas multas de dudosa legalidad, sino que el órgano encargado de cobrar esas multas sigue embargando cuentas bancarias de los automovilistas incluso después de que los tribunales haya declarado nulas las ordenanzas municipales por sentencia firme”.
Estrategias dilatorias de los ayuntamientos para seguir recaudando multas de dudosa legalidad
En este sentido, AEA quiere advertir sobre las estrategias dilatorias utilizadas por algunos ayuntamientos como el de Esplugues de Llobregat o el de Madrid, que han presentado recursos ante el Tribunal Supremo con la finalidad de retrasar la firmeza de las sentencias dictadas por los tribunales superiores de Cataluña y de Madrid, anulando las ZBE de sus municipios, y así poder seguir recaudando unas multas de dudosa legalidad.
En el caso del municipio de Esplugues de Llobregat, el Tribunal Supremo ha inadmitido recientemente su recurso y en el caso del de Madrid, aunque está pendiente de resolver, es probable que corra la misma suerte ya que el Alto Tribunal ya se pronunció en otros casos similares, como el de las ZBE de Barcelona, declarando nula la ordenanza municipal.
AEA aconseja recurrir las multas
Por ese motivo AEA recomienda a todos los automovilistas afectados que, a pesar de los recursos interpuestos por los ayuntamientos ante el Tribunal Supremo, recurran las sanciones por acceder a las ZBE y agoten todas las posibilidades de defensa frente a unas multas de dudosa legalidad, para que no alcancen firmeza y luego no tengan dificultades para conseguir la devolución de aquellas que les hayan cobrado.
Solo Madrid ha generado un negocio de cerca de 500 millones
Para dar una idea de la magnitud económica del negocio de las multas impuestas en España en las ZBE, AEA pone como ejemplo el ayuntamiento de Madrid, cuyos servicios municipales han formulado 2.506.611 denuncias, por un valor económico de cerca de 500 millones de euros (479.658.910 €), desde septiembre de 2021 hasta julio de 2024.
Denuncias que, si el consistorio madrileño hubiera acatado la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado mes de septiembre, y no la hubiera recurrido ante el Tribunal Supremo, tendrían que haberlas anulado inmediatamente.
“En cambio (concluye Arnaldo), el consistorio madrileño ha seguido una injustificada estrategia dilatoria para seguir cobrando unas multas de dudosa legalidad, a la espera de un más que probable resultado negativo del Tribunal Supremo, como ya ha ocurrido en el caso del ayuntamiento de Barcelona o en el de Esplugues de Llobregat”.