El Gobierno cambia la normativa para desatascar cientos de electrolineras
España acumula un retraso significativo en el cumplimiento de los objetivos de implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. El despliegue se ha visto frenado por las trabas burocráticas, que propician que en la actualidad estén bloqueadas alrededor de 200 solicitudes de instalación de electrolineras en la red estatal de carreteras.
Para desatascar este tapón y allanar el camino a futuros proyectos, el Gobierno prepara cambios regulatorios adicionales a los ya aprobados en los últimos años. En esta línea, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ultima la publicación de una Orden Ministerial por la que se simplifican las exigencias para obtener las autorizaciones de los puntos de recarga en las vías de gran capacidad y convencionales del Estado, de manera que el titular del proyecto pueda cumplir los requisitos con una declaración responsable.
Esta norma modifica la Orden de 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicio. A través de la Orden, el departamento que dirige Raquel Sánchez dispone de una alternativa que permitirá una mayor agilidad en el proceso de autorización de las instalaciones de puntos de recarga.
En la elaboración de la Orden, el Ministerio ha mantenido contactos fluidos con los sectores de automoción y energético. Transportes, y más concretamente la Dirección General de Carreteras (DGC), quiere así dar respuesta al atasco que existe en la actualidad en la tramitación de electrolineras.
La situación es preocupante dada la escasa infraestructura de recarga con la que cuenta España y, a su vez, con la baja penetración de vehículos electrificados en comparación con otros países europeos. En 2022 España tenía que haber cerrado con 45.000 puntos de recarga públicos pero la cifra fue menor, ya que apenas se lograron instalar 18.000.
Esta Orden Ministerial se une a la Orden TED/1009/2022 que establecía que un millar de estaciones de servicio han de instalar puntos de recarga. Así, las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de 150 kW. Además, las estaciones de servicio con ventas superiores a cinco millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019 tendrán que instalar al menos un punto de recarga superior a 50 kW.
Fuente: El Economista / Aedive
